La ley beneficiará a más de 4 millones de personas, al borrar las deudas de dicho registro comercial reconocidas al 31 de diciembre de 2011 y que no superen los $2.500.000 (excluyendo intereses y reajustes), lo que el Presidente calificó como muy importante para los chilenos «porque significa darles no solamente un trato digno y respetuoso, sino también darles una segunda oportunidad”.
La nueva ley señala, además, que no se podrá exigir información comercial en procesos de selección de personal, admisión en cualquier nivel educacional, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público. La única finalidad para tratar los datos comerciales será la obtención de un crédito, y cualquier persona puede solicitar que se le informe quién ha accedido a ella, información que se entregará gratuitamente cada cuatro meses.